Los miembros del Consejo Constitucional francés.
Ley que pretende reprimir el negacionismo de la existencia de genocidios reconocidos por ley.
El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones
previstas en el artículo 61 de la Constitución, segundo párrafo, de la
Constitución, de la Ley que pretende reprimir el negacionismo de la
existencia de genocidios reconocidos por ley, el 31 de enero de 2012,
por los señores Jacques MYARD, Michel DIEFENBACHER, Jean AUCLAIR,
Jean-Paul BACQUET, Jean BARDET, Christian BATAILLE, Jean-Louis BERNARD,
Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Christophe
BOUILLON, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Pascal BRINDEAU, Yves BUR,
Christophe CARESCHE, Gilles CARREZ, Gérard CHARASSE, Jean-Louis CHRIST,
Pascal CLÉMENT, François CORNUT-GENTILLE, René COUANAU, Olivier
DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, doña Sophie DELONG, don
Jean-Louis DUMONT, las señoras Cécile DUMOULIN, Marie-Louise FORT, los
señores Yves FROMION, Jean-Paul GARRAUD, Daniel GARRIGUE, Claude
GATIGNOL, Hervé GAYMARD, Paul GIACOBBI, Franck GILARD, Jean-Pierre
GORGES, François GOULARD, doña Arlette GROSSKOST, los señores Michel
HEINRICH, Antoine HERTH, doña Françoise HOSTALIER, los señores Denis
JACQUAT, Yves JÉGO, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, doña Laure de LA
RAUDIÈRE, los señores Jacques LE GUEN, Apeleto Albert LIKUVALU,
Jean-François MANCEL, Alain MARTY, Didier MATHUS, Jean-Philippe MAURER,
Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NESME, Michel PIRON,
Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie ROLLAND,
Daniel SPAGNOU, Eric STRAUMANN, Lionel TARDY, André WOJCIECHOWSKI, así
como por los señores Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul DURIEU,
las señoras Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, don Philippe VIGIER y
el 2 de febrero de 2012, por don Gwendal ROUILLARD, doña Laurence
DUMONT, los señores Jean MICHEL, Jack LANG et doña Dominique ORLIAC,
diputados;
Y el mismo día por don Jacques MÉZARD, doña Leila AÏCHI, los señores
Nicolas ALFONSI, Alain ANZIANI, doña Aline ARCHIMBAUD, los señores
Bertrand AUBAN, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, doña Esther
BENBASSA, don Michel BILLOUT, las señoras Marie-Christine BLANDIN,
Corinne BOUCHOUX, los señores Didier BOULAUD, Christian BOURQUIN, Alain
CHATILLON, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Christian COINTAT, Yvon COLLIN,
Pierre-Yves COLLOMBAT, doña Hélène CONWAY-MOURET, los señores Ronan
DANTEC, Jean-Pierre DEMERLIAT, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Claude
DILAIN, doña Muguette DINI, los señores André DULAIT, Jean-Léonce
DUPONT, las señoras Josette DURRIEU, Anne-Marie ESCOFFIER, don Alain
FAUCONNIER, doña Françoise FÉRAT, los señores François FORTASSIN, Alain
FOUCHÉ, Christian-André FRASSA, René GARREC, Patrice GÉLARD, Gaëtan
GORCE, las señoras Nathalie GOULET, Jacqueline GOURAULT, Sylvie
GOY-CHAVENT, los señores François GROSDIDIER, Robert HUE, Jean-Jacques
HYEST, Pierre JARLIER, las señoras Fabienne KELLER, Bariza KHIARI,
Virginie KLÈS, don Joël LABBÉ, doña Françoise LABORDE, don Jean-René
LECERF, doña Claudine LEPAGE, los señores Jeanny LORGEOUX, Jean-Louis
LORRAIN, Roland du LUART, Philippe MADRELLE, Jean-Pierre MICHEL, doña
Catherine MORIN-DESAILLY, los señores Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude
PEYRONNET, Jean-Jacques PIGNARD, François PILLET, Jean-Vincent PLACÉ,
Jean-Pierre PLANCADE, Christian PONCELET, Hugues PORTELLI, doña Gisèle
PRINTZ, los señores Roland RIES, Gilbert ROGER, Yves ROME, Robert
TROPEANO, Raymond VALL, Jean-Marie VANLERENBERGHE, François VENDASI,
Jean-Pierre VIAL, André VILLIERS, Richard YUNG, así como por don Michel
BERSON, el 2 de febrero de 2012, por los señores Aymeri de MONTESQUIOU,
Jean-Claude MERCERON, Jean-Jacques LASSERRE y el 3 de febrero de 2012,
por don Jean-Jacques LOZACH, senadores.
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL
Vista la Constitución;
Vista el decreto legislativo nº 58-1067 de 7 de noviembre de 1958,
modificado, relativo a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;
Vista la ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa;
Visto el código penal;
Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 15 de febrero de 2012;
Vistas las alegaciones en réplica presentadas por los diputados recurrentes, registradas el día 21 de febrero de 2012;
Tras haber escuchado al ponente;
1. Considerando que los diputados y senadores recurrentes cuestionan
ante el Consejo constitucional la ley que pretende reprimir el
negacionismo de la existencia de genocidios reconocidos por ley;
2. Considerando que el artículo primero de la ley impugnada inserta en
la ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa un artículo 24
ter; que este artículo castiga, a título principal, con una pena de un
año de prisión y 45.000 euros de multa a aquéllos que “han negado o
minimizado de forma indignante”, cualquiera que sea los medios de
expresión o de comunicación públicos empleados, “la existencia de uno o
varios crímenes de genocidio definidos en el artículo 211-1 del código
penal y reconocidos como tales por ley francesa”; que el artículo de la 2
de la ley cuestionada modifica el artículo 48-2 de la misma ley de 29
de julio de 1881; que extiende el derecho reconocido a ciertas
asociaciones de constituirse como parte civil, en particular para
extraer las consecuencias de la creación de esta nueva incriminación;
3. Considerando que, según los autores de los recursos, la ley impugnada
desconoce la libertad de expresión y de comunicación proclamada por el
artículo 11 de la Declaración de derechos y del hombre y del ciudadano
de 1789, así como el principio de legalidad de los delitos y de las
penas que deriva del artículo 8 de esta Declaración; que reprimiendo
únicamente, de una aparte, los genocidios reconocidos por ley francesa, y
de otra, los genocidios con exclusión de otros crímenes contra la
humanidad, estas disposiciones desconocen igualmente el principio de
igualdad; que los diputados recurrentes hacen valer además que el
legislador ha desconocido su propia competencia y el principio de
separación de poderes proclamado por el artículo 16 de la Declaración de
1789; que sería igualmente desconocido el principio de necesidad de las
penas proclamado por el artículo 8 de la Declaración de 1789, la
libertad de investigación así como el principio resultante del artículo 4
de la Constitución según el cual los partidos ejercen su actividad
libremente;
4. Considerando, de una parte, que, según el artículo 6 de la
Declaración de 1789: “La ley es la expresión de la voluntad general···”;
que resulta de este artículo, así como del conjunto de otras normas de
valor constitucional relativas al objeto de la ley, que bajo reserva de
disposiciones específicas previstas por la Constitución, la ley tiene
vocación de enunciar reglas y debe por consiguiente, revestir un alcance
normativo;
5. Considerando que, de otra parte, según el artículo 11 de la
Declaración de 1789: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones
es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente,
cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente,
siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos
determinados por ley”; que el artículo 34 de la Constitución dispone:
“La ley fijará las normas sobre··· los derechos cívicos y las garantías
fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las
libertades públicas”; que, con este fundamento, le está permitido al
legislador aprobar reglas sobre el ejercicio de la libre comunicación y
de la posibilidad de hablar, escribir e imprimir; que le es igualmente
posible, con este título, prever incriminaciones que repriman el abuso
del ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación que atenten
contra el orden público y los derechos de terceras personas; que, sin
embargo, la libertad de expresión y de comunicación es tan valiosa que
su ejercicio es una condición de la democracia y una de las garantías
del respeto de otros derechos y libertades; que las restricciones que
limitan el ejercicio de esta libertad deben ser necesarias, adaptadas y
proporcionadas respecto del fin perseguido;
6. Considerando que una disposición legislativa que tiene por objeto
“reconocer” un crimen de genocidio no podría, en sí misma, ser revestida
del alcance normativo que se vincula a la ley; que, sin embargo, el
artículo 1 de la ley impugnada castiga la negación o la minimización de
la existencia de uno o de varios crímenes de genocidio “reconocidos como
tales por ley francesa”; que reprimiendo así el negacionismo de la
existencia y de la calificación jurídica de crímenes que habría él mismo
reconocido y calificado como tales, el legislador ha incurrido en un
atentado inconstitucional contra el ejercicio de la libertad de
expresión y de comunicación; que, por ello, y sin que sea preciso
examinar los restantes alegatos, el artículo primero de la ley impugnada
debe ser declarado contrario a la Constitución; que su artículo 2, que
no es separable del anterior, debe ser igualmente declarado contrario a
la Constitución,
DECIDE
Artículo 1º .- La ley que pretende reprimir el negacionismo de la
existencia de genocidios reconocidos por ley es contraria a la
Constitución.
Artículo 2 .- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República francesa.
Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 28 de febrero
de 2012 en la que estaban presentes: don JeanLouis DEBRÉ, Presidente,
don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET,
Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING y
Pierre STEINMETZ.
