martes, 5 de mayo de 2015

"AGUJEROS DEL SISTEMA" - Nuevo libro dejará caer la connivencia entre el Régimen del 78 y el terrorismo de Estado de ETA.


Antes de que algún listillo lo tilde de conspiraciones, que quede claro que me estoy limitando a reproducir una noticia del perródico "El inmundo", así como a añadir algunos enlaces y cosas en rosa.

Sin embargo, siempre está bien que lleguen al público mainstream mediante voces autorizadas y no cualquier pobre diablo de internet como un servidor u otros:

Los 'errores' de la Justicia frente a ETA | España | EL MUNDO
Los """errores""" de la Justicia frente a ETA
- Un libro descubre las 'negligencias' que han dejado más de 300 asesinatos sin resolver

- Sumarios cerrados en un día, expurgados, pruebas desechadas... también en los años 90

Pamplona, 1 de mayo de 1980, tres de la madrugada. Dos amigos, José Oyaga Marañón -49 años y tres hijos- y Jesús Vidaurre Olleta -34 años y cuatro críos-, terminan sus copas y deciden irse casa. No llegan. Tres personas se les acercan y dos les disparan en la nuca. Mueren en el acto. ETA dice que esa «eliminación física» forma parte de su campaña moral contra el «mundillo de la droga». Unos años después, miembros del comando Iruña Artapalo confiesan su autoría y explican el atentado con pelos y señales. Pero esas diligencias jamás se incorporan al sumario. El caso no llega a la Audiencia Nacional y un juzgado de Pamplona, sin competencia para ello, lo cierra. El doble crimen prescribe.

Es una cuenta del rosario de «negligencias», «errores» y actitudes de «desidia» que pueblan las 382 páginas de Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver (Ikusager, 2014), una investigación desgarradora en la que el ex periodista de EL MUNDO Juanfer F. Calderín pone el dedo en una llaga muy poco conocida. «Más de 300 personas fueron asesinadas por fantasmas debido en gran medida a una impensable red de graves errores del Estado de derecho», subraya, «y no a la pericia criminal de los terroristas». En ocasiones la Justicia puso empeño en resolver los atentados, aunque no lo logró. Otras veces, «la Administración no actuó como debía» -despachó los crímenes rápido, incluso «en apenas 24 horas»-. En otras ha reinado la impunidad «por la mala coordinación existente entre la Justicia y las Fuerzas de Seguridad»: asesinatos con indicios, pruebas, detenidos y hasta confesiones en manos de la Guardia Civil que jamás llegaron a la Audiencia Nacional.

El estudio arrancó hace dos años con un enfoque concreto: intentar averiguar más de los asesinatos irresueltos que la treintena de disidentes embarcados en la vía Nanclares podría ayudar a esclarecer. Con el impulso de la asociación de víctimas Covite, Calderín empezó a tirar del hilo del informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo sobre atentados sin condena: 314 en democracia y otros 66 en dictadura. Se sumergió en sumarios judiciales, los cruzó con cientos de documentos policiales, habló con decenas de víctimas. Se encontró con que las «sorpresas» no eran anecdóticas. Cotejó sus datos con «jueces, fiscales, destacados miembros del estamento policial...». Unos y otros intuían que en los 70 y 80 «habían podido producirse errores» por el ingente trabajo que suponía afrontar la frenética barbarie de ETA. Lo que no imaginaban», matiza, era que esos «descuidos» llegaban hasta los años 90.

Un ejemplo: Miguel Paredes García y Elena Moreno Jiménez, un joven matrimonio al que el 6 de abril de 1990 un desconocido asesinó a tiros en el centro de San Sebastián. ETA les acusó de ser toxicómanos; así lo recogió la prensa. Sólo ahora se sabe que la autopsia descartó cualquier rastro de estupefacientes. También que la Audiencia Nacional cerró el caso menos de seis meses después y nunca volvió a reabrirlo, a pesar de que la pistola que sirvió para matarlos fue la misma que ETA utilizó contra el policía nacional José Ángel Álvarez mientras paseaba por el Casco Viejo de San Sebastián, un atentado por el que fueron condenados los etarras Francisco Javier Balerdi Ibarguren y Jesús María López González. La coincidencia del arma figura en un informe policial, en balde. El caso prescribió.

También son llamativos los expurgos. El libro documenta hasta siete sumarios destruidos por ser considerados inútiles. El del periodista José María Portell, asesinado en 1978, fue eliminado en 2008; ni siquiera por la Audiencia Nacional, sino por un juzgado de Bilbao.

Algunas dudas son más recientes. El autor transcribe la entrevista que mantuvieron en prisión Consuelo Ordóñez y Valentín Lasarte en la cual el miembro de la vía Nanclares le confiesa que «había más gente» que los etarras ya condenados vigilando a su hermano Gregorio, el dirigente popular asesinado en 1995. Ordóñez pidió la grabación a Instituciones Penitenciarias: le dijeron que estaba «borrada»; luego le reconocieron que no lo estaba, pero que era «secreta». El juez Santiago Pedraz ha reclamado ahora la grabación después de que la familia haya logrado la reapertura del caso.

El libro, que se presenta en Madrid el día 19, está prologado por Maite Pagazaurtundúa. Lo cierra el catedrático de Derecho Internacional Carlos Fernández de Casadevante: en su opinión, los tribunales europeos deberían juzgar a España por su «responsabilidad» en todos estos crímenes sin resolver.

CARRERO BLANCO, EXPEDIENTE PERDIDO

Entre los 858 crímenes de ETA hay un puñado que 'no existe'. Son los expedientes judiciales de 34 asesinatos cometidos en la dictadura, antes de la ley de amnistía de 1977. Uno es el de Luis Carrero Blanco. El entonces presidente del Gobierno voló por las aires en el atentado que más fama dio a la primera ETA. Fue el 20 de diciembre de 1973 y se llamó 'operación Ogro': cerca de 100 kilos de explosivos activados al paso del coche de Carrero Blanco acabaron con su vida y con las del inspector de Policía José Antonio Bueno Fernández y el conductor del vehículo, José Luis Pérez Mogena. Entre 2011 y 2014 funcionarios de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Audiencia Nacional hallaron otros 32 sumarios de aquella época que también se encontraban extraviados entre montones de papeles, mezclados con casos de accidentes de tráfico, robos o violaciones.


El atentado contra Carrero Blanco, entre las calles Maldonado y Claudio Coello. EFE



PD:

Gregorio Ordóñez:


Pocas horas antes de su asesinato le había dicho a la periodista Carmen Gurruchaga que estaba investigando sobre el Informe Navajas (que relacionaba a los GAL con ETA, el narcotráfico y una trama policial de Itxaurrondo) y la implicación de varios miembros de la Policía Municipal donostiarra (infiltrada por ETA a saco) con Intxaurrondo.

En 1989, un famoso y controvertido informe del fiscal Luis Navajas, relacionaba el narcotráfico con la banda terrorista y con un grupo policial de Intxaurrondo. El trabajo fue paralizado por Javier Moscoso, en aquel momento fiscal general del Estado y, más recientemente, negociador con ETA durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero.
Javier Moscoso, el cloaquero conspirador de turno:


Luis Navajas, fiscal jefe de Guipúzcoa durante 17 años:


Todos los relacionados con el informe navajas, que en teoría amenazaba a los GAL y por tanto le hacía un favor a ETA, fueron asesinados... por ETA:
José Antonio Mikel Santamaría Vaqueriza, empresario del mundo de la noche, implicado en narcotráfico y contrabando, mencionado en el Informe Navajas, amigo de Txiqui Benegas (PSOE) y copropietario de la discoteca Ku de Ibiza. Asesinado en 1993.


José Manuel Olarte Urreizti, «Plomos», empresario, hombre de confianza de Santamaría y, como él, asesinado en 1994 cuando estaba dispuesto a informar sobre la guerra sucia y el narcotráfico.

El empresario asesinado en San Sebastián sabía que era objetivo de ETA desde hace tres meses | Edición impresa | EL PAÍS


Fernando Múgica Herzog, abogado de Olarte, asesinado en 1996.



El sargento Alfonso Morcillo Calero, responsable de la Brigada de Investigación de narcotráfico de la Guardia Municipal de San Sebastián, colaborador de Enrique Nieto en la investigación a Olarte y de Gregorio Ordóñez en el intento de desarticular una presunta red de infiltrados de ETA en la Policía Municipal. Asesinado en 1994.


Enrique Nieto, jefe de la Policía Judicial de Guipúzcoa y de la Brigada de Investigación de la Policía Nacional, que con Morcillo investigó a Olarte, y que fue uno de los más estrechos colaboradores del fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, en la investigación sobre la relación de Intxaurrondo con el contrabando y el narcotráfico. Asesinado en 1995.


1 comentario:

  1. Oyaga y Vidaurre formaban parte de una banda de delincuentes comunes y su vehículo había sido usado en esos mismos días en un intento de secuestro perpetrado por dicha banda, con un herido de arma blanca. Siento tener que hacer de abogado del diablo (ETA) -y no voy a fijarme en el hecho de que nunca hubo reivindicación etarra-, pero la posterior conversión de Oyaga y Vidaurre en víctimas de ETA -y actualmente Oyaga y Vidaurre son víctimas de ETA a todos los efectos- exige un acto de suspensión de la credibilidad: que pocos años después de los hechos hay etarras detenidos que mencionan a la policía que fueron ellos... y la policía no hace absolutamente nada. Ni reabrir el caso ni nada de nada. No tiene sentido. De hecho, uno de los hijos de los 2 asesinados en 1980 ignoraba que su padre había sido incluido en las listas de víctimas de ETA.

    Y con Oyaga y Vidaurre todavía puede aceptarse la hipótesis de una autoría etarra -autoría que me parece dudosa pero que desde luego no descarto-, pero es que en la lista de 858 víctimas de ETA hay varias personas que con absoluta certeza no son víctimas de ETA, empezando por la 1ª: la niña Begoña Urroz, "la primera víctima de ETA", una de las mentiras propagandísticas más absurdas e innecesarias de la historia reciente de España. Otras inclusiones erróneas, en cambio, son perfectamente comprensibles: Francisco J. Alberdi fue asesinado por delincuentes comunes el mismo día que los etarras asesinaron a otra persona, lo que hizo que ambos crímenes aparecieran en la misma noticia en la prensa guipuzcoana de los 80; y A. Aristondo Trincado, herido gravísimo en 1978, logró sobrevivir a las balas etarras, pero al tratarse judicialmente de un asesinato en grado de tentativa, algún investigador se lió y dio por asesinado al señor Aristondo.

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