jueves, 30 de abril de 2015

SEGURIDAD CIUDADANA Y CÓDIGO PENAL.


El mayor problema de España y del mundo entero, es la delincuencia de corbata, guante blanco y maletín. El ciudadano vive atosigado por parásitos que se alimentan de su trabajo, y aquí entran principalmente banqueros, políticos y burócratas, pero tampoco sirve de nada ignorar la delincuencia de baja estofa que, de un tiempo a esta parte, ha convertido barrios y ciudades enteras en infiernos.

Es del todo inútil y hasta patético intentar separar delincuencia e inmigración como si no tuviesen nada que ver. En Oslo, todas las violaciones del 2009 fueron cometidas por musulmanes (un 4% de la población), mientras que en Bilbao, cometen el 55% de los crímenes y están involucrados en el 90% de denuncias por violación (y ver aquí). El 80% de los delitos de las grandes urbes los cometen inmigrantes, y son responsables del 50% de la violencia doméstica, cuando se supone que en España son el 15% de la población (se "supone", ya que contando a ilegales y nacionalizados, la cifra superaría el 20%). Para colmo, en las estadísticas, los gitanos e inmigrantes nacionalizados computan como "españoles".

La inmigración es, lisa y llanamente, la más importante causa del impresionante aumento de la delincuencia en Europa en los últimos tiempos. Por ende, no se puede plantear una lucha seria contra la delincuencia si no se incluye el problema de la inmigración y las criminales leyes de extranjería que tenemos. En España ya hay suficientes delincuentes autóctonos como para que encima tengamos que importarlos de fuera, así que por lo pronto, el delincuente que no sea de aquí debe ser deportado.

El problema no es tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (que a menudo son los primeros que desearían cambiar las cosas), sino de la administración de justicia, la administración penitenciaria y la administración de extranjería. No sirve de nada tener una Policía eficaz y bien adiestrada (que en buena parte no la tenemos), si luego resulta que las leyes no culminan el buen hacer policial con una condena. Hoy en día, con nuestras leyes ridículas, un policía puede buscarse la ruina si le mete un par de guantazos a un delincuente. El día que haya un Gobierno que les deje a las FyCSE cumplir con su maldito trabajo, ese gobierno se ganará la lealtad incondicional de este importante sector social.

Por otro lado, se necesitan leyes celosamente proteccionistas para con la fuerza de trabajo productivo de este país, leyes que defiendan resueltamente al ciudadano corriente de los parásitos que, tanto desde arriba como desde abajo, se aprovechan de la tolerancia y la blandura de un sistema decadente, aplastando al trabajador español en un detestable sandwich. Es innegable que, actualmente, el sistema judicial funciona al revés, cebándose ferozmente en el ciudadano contribuyente, y recompensando la delincuencia. La Justicia, que consiste en darle a cada cual lo que se merece, es, en la práctica, inexistente. Se necesitan, por tanto:

Cambios radicales en el código penal. Las FyCSE deben ser libres para detener delincuentes sabiendo que al día siguiente no van a salir libres del calabozo quedándose con su cara. De lo contrario, viene el hastío, las murmuraciones, la dejadez y finalmente la incompetencia, por parte de los funcionarios. Un policía debe sentir que su trabajo sirve para algo y que es útil a la sociedad. Cuando el profesional cree que él no puede marcar la diferencia y que da igual lo que él haga, el terreno está abonado para la desmoralización, la negligencia, la corrupción, el "cada uno a lo suyo" y el "sálvese quien pueda".

Reorganización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Actualmente tenemos Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas, Policía Local y Policía Portuaria, a menudo descoordinadas y con competencias que se solapan. La Policía Nacional (para entornos urbanos) y la Guardia Civil (para entornos rurales) bastarían de sobra para imponer el cumplimiento de las leyes y le ahorrarían dinero al pagador de impuestos.

Cambiar los procesos de selección y el adiestramiento de las FyCSE. La Policía, como brazo importantísimo para imponer la autoridad del Estado en una época de crimen y corrupción, debería estar más preparada para las intervenciones violentas y menos para el papeleo estéril y la burocracia ridícula y odiosa. Otro sinsentido es permitir que la Policía se llene de mujeres por un lado, y canis y ex-delincuentillos por el otro, "agentes" valientes con el débil, cobardes con el fuerte y totalmente ineptos.

• Se necesita volver al concepto de justicia popular y otorgar más importancia a los jurados populares, ya que los magistrados en demasiados casos forman parte de la casta endogámica de chalet, y difícilmente pueden ser considerados hijos del pueblo. Los magistrados se encuentran totalmente divorciados de los problemas del ciudadano corriente y de la realidad del mundo, al margen de sus leyes decadentes y buenistas. Por tanto, se necesita que la voz del pueblo trabajador sea escuchada en los tribunales, de forma alta y clara.

Juicios más rápidos. Agilización de trámites, supresión de intermediarios burocráticos, papeleo reducido al mínimo.

Castigar a los reincidentes. No puede ser que haya personas que han sido detenidas docenas de veces (por ejemplo, carteristas con cientos de denuncias acumuladas) y que jamás hayan pisado la cárcel ni hayan sido expulsadas del país. Cada detención conlleva el consabido papeleo, pagado por el ciudadano trabajador, y el amargamiento cada vez mayor de unas fuerzas de seguridad que ven que su trabajo no sirve de nada, ya que los delincuentes salen en libertad al día siguiente y riéndose en su cara.

Retirar cualquier tipo de subsidio a los delincuentes. No necesita mayor explicación. Hay delincuentes conocidos que viven en pisos de protección oficial y cobran todo tipo de subvenciones pagadas por el pueblo vía impuestos. Y como tal vez el dinero que les da el pueblo con sus impuestos no es bastante, el delincuente se dedica también a atracarlo directamente.

Cambio radical de la educación de los magistrados. Los funcionarios de "justicia" han pasado los mejores años de su juventud (5 años de carrera + 5 años de oposición) entre papeles, lámparas, aulas y estudios tediosos, pero del mundo real a pie de calle, conocen más bien poco. Salen de sus estudios para entrar en los tribunales, sin haber pasado por la escuela de la calle y de la vida, y aplicando un concepto de la justicia totalmente psicotrópico y alienante. Son, en suma, una casta aislada y endogámica. Por tanto, los magistrados deberían pasarse la carrera estudiando menos leyes y pisando más las comisarías, las cárceles, los reformatorios, los coches-patrulla y los barrios conflictivos. El Estado debería poner un empeño exquisito en asegurar que cualquier persona que llegue a magistrado esté total y absolutamente familiarizada con los problemas reales del pueblo trabajador. Un magistrado deberá responder de un mal ejercicio de su profesión, con un código de leyes más duro que el del ciudadano común.

ETA. Los nacionalismos periféricos de España son una creación británica de la época de la revolución industrial e incluso antes. ETA nació mucho después, como parte de la Operación Gladio de la OTAN. Se trató de un intento de las potencias atlantistas para desestabilizar España durante el tardofranquismo y la transición, y arrojar al pueblo español a las manos de las fuerzas políticas "moderadas, sensatas y ordenadas" avaladas por el Fondo Monetario Internacional y otros poderes financieros. Probablemente los únicos estadistas españoles que realmente estaban interesados en acabar con ETA fueron Franco, Carrero Blanco y Adolfo Suárez. Después, se han tenido, y se siguen teniendo, numerosas oportunidades para acabar con "la banda", reducida a un papel de "terrorismo residual" de conveniencia. Las FyCSE saben perfectamente quiénes son los etarras y podrían detenerlos a todos, pero desde arriba vienen órdenes de no actuar. Hoy, ETA está controlada por las cloacas del Estado (con el ex-vicepresidente, ex-ministro del Interior y candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cabeza) y sirve para mantener a todo un chiringuito de burócratas, empresarios y políticos que usan la lucha contra el terrorismo para colgarse medallas y como medio de subsistencia económica y autojustificación existencial.

Alta traición. Deben incluirse en el concepto de "alta traición" las corruptelas de altos vuelos, la mala gestión de recursos y fondos públicos, el espionaje, la manipulación informativa y propagandística, la gran especulación, la deslealtad institucional y la manipulación del dinero por parte de banqueros, y castigarse con la pena de muerte. La correcta aplicación de este concepto aterrizaría a buena parte de nuestra clase política y cultural, y a la práctica totalidad de nuestra supra-élite económica, en el patíbulo.

Alta responsabilidad. Ser un alto cargo (político, público, empresarial, etc.) debe automáticamente implicar la aceptación de un código penal mucho más duro que el del ciudadano corriente, ya que el más mínimo error por parte de un político, banquero, gran empresario, magistrado, etc., puede computar perfectamente como alta traición. Los servicios de Inteligencia deben someter a los altos cargos a un escrutinio cotidiano exquisito en busca de la más mínima irregularidad. Actualmente, los peores delincuentes que existen, han endeudado ayuntamientos, fondos públicos, cajas de ahorro, etc., hasta límites inverosímiles, sólo para llevar al cabo obras de construcción con las que consiguen por un lado votos y por otro enriquecerse mediante la especulación y el tráfico de influencias. Con ello, han condenado al pueblo al pago de una deuda surrealista, por generaciones enteras. Estos delitos son muchísimo más graves que un asesinato, pero sus perpetradores jamás han sido llamados a responsabilidad para que rindan cuentas.

Castigos físicos. Los países que tienen mucha más experiencia que nosotros en la lucha contra la delincuencia dura, saben perfectamente que la cárcel no "reforma" a nadie, sino que, al contrario, junta al recluso con otros de su condición, confirmándole en su camino y dándole la oportunidad de aprender de los "mejores". Sin embargo, un castigo físico a tiempo (por ejemplo, una paliza o unos azotes) tiende a hacer que el delincuente desista de profundizar en el submundo del crimen. En países como Brasil, de los que tenemos mucho que aprender en materia de lucha contra el crimen, este método se ha demostrado muy efectivo con delincuentes jóvenes. Aplicar un poco de brutalidad al delincuente precoz tiende a evitar que luego ese mismo delincuente aplique "un mucho" de brutalidad a la sociedad.

Trabajos forzados. Parece una aberración digna del mundo al revés que cuando un delincuente comete un delito, la sociedad tenga encima que pagarle un retiro y mantenerlo. Si el preso ha causado un daño a la sociedad y encima su mantenimiento le cuesta dinero a la sociedad, es justo que pague su deuda trabajando gratis y haciendo algo útil en vez de estar sentado en una celda consumiendo dinero por gentileza del contribuyente. Quien debe pagar siempre es el criminal, no el ciudadano corriente. El flujo de beneficios, por tanto, debe ir del preso al ciudadano, no viceversa.

Pena de muerte. Existen delitos y criminales tan odiosos (asesinos en serie, pedófilos, altos traidores, alta corrupción, terroristas, psicópatas, violadores reincidentes, grandes narcotraficantes) que es un insulto pedirle al pueblo que pague con el sudor de su frente la comida y el alojamiento de estos elementos durante décadas. Suprimir las vidas de los criminales odiosos es simplemente más rentable económicamente para el pueblo, y además la misma connotación ritual de una ejecución lanza un claro mensaje al subconsciente de la sociedad.

Europa Soberana

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